Prontuario actualizado "PACO"

Inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual con nº 16/2011/4970

 

PACO quiere decir Prontuario Actualizado de Convenios, siempre referidos a la cooperación jurídica internacional penal entendida en su más amplio sentido, es decir extradición y entrega, asistencia jurídica para instrucción y enjuiciamiento, traslado de personas condenadas, etc. Pretendo que aparezcan en una sola publicación todos los instrumentos internacionales en los que España sea –o vaya a ser- parte.
Como todo prontuario el PACO pretende dar una respuesta pronta, rápida, a cualquier consulta que pueda hacer un operador jurídico (magistrado, juez, fiscal, secretario, abogado, etc.) sobre la existencia de algún instrumento jurídico que relacione a España con cualquier otro país y que le permita proyectar la jurisdicción penal española –en forma de petición de auxilio- a ese país; o que le posibilite atender a la reclamación jurídica que algún Estado haga a España en algún asunto criminal. Así ¿puede Japón pedir la extradición de un inculpado que se haya refugiado en España? ¿por qué delito y mediante qué procedimiento? ¿existe base para que  un ciudadano español que cumple condena en Canadá sea traído a cárceles de nuestro país? ¿cómo puede recibirse declaración a un testigo que vive en las Islas del Cabo Verde y que no está obligado –ni quiere- venir a España ni aunque le adelanten los gastos de viaje?
Cierto que en el ámbito de la Unión Europea el Principio de Reconocimiento Mutuo que opera  mediante las Decisiones Marco y en las leyes de transposición, en la Red Judicial Europea (con su Atlas Judicial), en Eurojust  y en los Magistrados de Enlace permite una cooperación judicial (referida a la entrega o a los exhortos para instrucción) fácil y fluida. Pero las cosas se complican si los contactos se plantean con Estados de los continentes africano o asiático, de cultura jurídica y lengua distintas. Hoy día las relaciones comerciales y el turismo han acortado las distancias de forma antaño imposible de imaginar. No es que la globalización sea buena o mala; es que es un hecho.
De todas formas, no basta con consultar el prontuario y comprobar que con determinado país nos liga un determinado convenio que nos permite articular una demanda extradicional o dar cumplimiento a una comisión rogatoria o exhorto internacional. A continuación es preciso consultar el texto del instrumento en la gaceta indicada, y ver si las declaraciones o reservas facilitan o, por el contrario, presentan obstáculos a nuestra actuación. Para gobernar una embarcación no basta tener las cartas náuticas y una brújula, ni siquiera un GPS. Se necesitan conocimientos básicos sobre navegación, saber cómo se adriza un velero, qué es la amura de estribor, cuándo conviene orzar, qué aparejo lleva una goleta, qué es ir de través, etc. Igualmente, para tramitar una extradición hay que saber qué es la doble incriminación normativa, el principio de especialidad, la extradición accesoria, la reextradición, el título extradicional, qué preceptos legales autorizan la extradición, quién puede apreciar la reciprocidad, qué es una reserva, qué alcance tiene la no entrega de nacionales, etc. En este sentido se ha hecho lo posible para señalar el Boletín Oficial del Estado en  que se contiene  el texto a  consultar; en su  caso   será  preciso revisar el   Diario   Oficial   de  la Unión  Europea; también será necesario atender –en el caso de las Decisiones Marco- a  la Red Judicial Europea o European Judicial Network (http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn); en el caso de los convenios emanados del Consejo de de Europa a la página correspondiente (http://conventions.coe.int/); y en el caso de los emanados de la Organización de las Naciones Uniones a la Colección de Tratados de las Naciones Unidas o United Nations Treaty Collection (http://treaties.un.org/).
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El PACO atiende en primer lugar a los instrumentos de entrega (Orden Europea de Detención y Entrega –OED-), extradición sobre base multilateral europea (Convenio Europeo de Extradición, Protocolos, etc.), extradición sobre base multilateral mundial (los denominados convenios multipropósito,  sea en el ámbito de las Naciones Unidas, o en el del Consejo de la Unión Europea, o en el de la Unión Europea) y extradición sobre base bilateral. En segundo lugar, a los instrumentos de traslado de personas condenadas y ejecución de sentencias sobre base multilateral y sobre base bilateral.  Y en tercer lugar, a los instrumentos de cooperación judicial internacional sobre base multilateral europea (Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal, Protocolos, etc.) y sobre base bilateral.
Cada convenio, convención o tratado se estructura en una tabla integrada por columnas que contienen por orden alfabético los estados parte; la fecha de la firma; y las fechas de la ratificación, adhesión o aceptación, a la que se da la misma consideración que la aprobación. Cada estado parte está citado con el nombre que se le da habitualmente, no con el oficial (España, no Reino de España; Bolivia, no Estado Plurinacional de Bolivia; Rusia, no Federación Rusa o Federación de Rusia; Francia, no República Francesa; Siria, no República Árabe Siria; Venezuela, no República Bolivariana de Venezuela, etc.). Por lo general se añade un paréntesis sólo cuando es necesario distinguir dos Estados con igual nombre –Corea frente a Corea (República Popular Democrática); Congo (República Democrática) frente a Congo (República Popular), República del Congo o simplemente Congo; Alemania (República Federal) frente a República Democrática Alemana- o cuando viene exigido por las Naciones Unidas –Macedonia (Antigua República Yugoslava)-.
He utilizado en lo posible la grafía y la denominación que la Real Academia Española propone para los países , más ajustado a nuestra fonética y que deja atrás las denominaciones que algunos medios de comunicación –descuidadamente extranjerizantes- y nuestro propio Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación dan por buenas. Así, escribo Timor Oriental y no Timor L’Este, Kazajistán y no Kazakhstán, Bielorrusia y no Belarús, Moldavia y no Moldova, Yibuti y no Djibouti, etc.
Hay que tener en cuenta que varios países, ya independientes, han cambiado de nombre durante estos años; así, el Alto Volta pasó a ser Burkina Faso; el Congo (República Democrática) pasó a ser Zaire y luego otra vez Congo (República Democrática); el otro Congo (República Popular) pasó a ser República del Congo, sin más; Birmania se ha convertido en Myanmar; Ceilán en Sri Lanka; etc. La cuestión se complica cuando se ha producido la desmembración de un país, tal como ha ocurrido con Yugoslavia o con Checoslovaquia, países plurinacionales y plurilingüísticos construidos con escombros del Imperio Austro-Húngaro entre 1918 y 1920 y que han durado poco más de 70 años, solo una generación. O la fusión de otros como Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, Yemen del Norte y Yemen del Sur, etc. Aparte de los casos de sucesión en los tratados o convenios, mecanismo normal en el Derecho Internacional, nos encontramos con casos en los que un convenio se firma con el nombre de un estado y se ratifica o modifica con el de otro. En todos los supuestos citados y por exactitud y respeto a la Historia he preferido reseñar el nombre con el que el estado firmó y ratificó el convenio o tratado aunque hoy día alguno de esos nombres nos resulte extraño (p.ej. Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos) o aunque haya desaparecido de la comunidad internacional por haber sido expulsado de las Naciones Unidas, como es el caso de China, oficialmente República de China y vulgarmente conocida como Formosa o China Nacionalista, hoy Taiwán, siendo reemplazada por la República Popular China, o China Comunista.
Precisamente por fidelidad a la Geografía y a la Historia he querido ilustrar –al citar por primera vez cada uno de los países y mediante notas al final del texto- sobre la posesión, en su caso, por ese estado de regiones o dependencias ultramarinas y sobre las modificaciones territoriales (anexiones y pérdidas) en su caso experimentadas por dicho estado desde una fecha del siglo XIX, que es, generalmente, la de la primera aparición de dicho país como parte en un convenio internacional, bilateral o multilateral; lo que lleva consigo reseñar la independencia de numerosos estados llegados al concierto internacional desde un pasado colonial (sobre todo en África y en Asia) o desde un pasado de sumisión a otras potencias como consecuencia de guerras continentales o mundiales (sobre todo en Europa; Polonia, países Bálticos, países Balcánicos). El excurso no va más allá del siglo XIX, que es cuando, como consecuencia de una muy incipiente globalización y afirmación bismarckiana de soberanías, se produce la eclosión de los tratados internacionales bilaterales. En todo caso esas notas irán apareciendo en sucesivas ediciones del prontuario, pues no es fácil reseñar con una mínima exactitud la independencia y las modificaciones territoriales de más de 190 estados.
Por esas mismas razones he mantenido las referencias a todos los convenios bilaterales o multilaterales en los que España ha sido parte y hoy carecen de vigor o utilidad, por haber sido formalmente sustituidos por otros firmados con el mismo país (Estados Unidos de América, Francia, Rusia, etc.), por haberse firmado con estados luego absorbidos por otro estado (Hesse, Oldemburgo, Prusia y otros integrados luego en el Imperio Alemán), por haber sido superados por convenios multilaterales (art. 28.3 del CEEx en relación con los convenios firmados con Alemania, Francia, Italia, Portugal y muchos otros), o por tratarse de convenios multilaterales que ha4n sido superados por el sistema de OED (ASIMPLEX, CES y, en menor medida, CExTUE). En todo caso, merece la pena conservar en lo posible los textos del Siglo XIX, de inestimable valor histórico y literario.
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¿Cómo se puede sacar partido a un prontuario que a primera vista parece un interminable listado telefónico sin dibujos, mapas, cuadros estadísticos o esquemas? Sugiero que, en primer lugar se tome en cuenta si el país con el que se pretende articular la cooperación jurídica activa o pasiva -sea para extradición, sea para traslado de condenados o ejecución de penas, sea para exhorto internacional- se encuentra entre los 28 de la Unión Europea, en cuyo caso habrá que acudir al pertinente instrumento multilateral en vigor (OED, Convenio 2000, Decisión Marco correspondiente ); si no es así, habrá que indagar si el estado se encuentra en el círculo europeo exterior, es decir el del Consejo de Europa, que cuenta con los pertinentes instrumentos para extradición (CEEx, PA, SPA, TERPA, CUARPA), para cumplimiento de condenas y traslado de condenados (COVISP, CAAS, CTPC) y para asistencia judicial (CEAJ, PACEAJ, SPACEAJ) ; y si el estado referido tampoco pertenece a esos privilegiados ámbitos, habrá que buscar en los convenios bilaterales de extradición, de ejecución de sentencias y traslado de personas condenadas, y de asistencia judicial en materia penal suscritos por España.
Si el país con el que pretendemos relacionarnos carece de instrumentos de los citados que nos permita articular  la relación pretendida será necesario acudir a los convenios multipropósito, que suelen firmarse en relación con la prevención y represión de una figura delictiva determinada (genocidio –COPREGEN-, tortura –CONTORPE-, toma de rehenes –CITRE-, tráfico de estupefacientes –CONUTRAF-, apoderamiento ilícito de aeronaves –CRAIA-, piratería marítima –CRAISENM-, terrorismo –CERT-, corrupción –CONCOR-, falsificación de moneda –CIRFAM-, etc.). Estos convenios se firman en el ámbito de las Naciones Unidas o de otras organizaciones de carácter supranacional (Consejo de Europa, Unión Africana, Organización de Estados Americanos) y tienen por objeto: a) definir el delito o los delitos cuya represión pretenden; b) que los estados parte queden obligados a incluir esos delitos en sus legislaciones; c) que los estados parte se comprometan a establecer su jurisdicción para perseguir tales delitos siempre que concurran los puntos de conexión enumerados en el convenio (si el infractor es nacional de ese estado, si lo es la víctima, si aun no siendo nacional se encuentra en el territorio de ese estado, etc.); d) que los estados parte se comprometan a conceder la extradición de la persona que se encuentre reclamada por otro estado por la comisión de ese delito, teniendo como base legal para la extradición precisamente el convenio; y e) que los estados parte se comprometan a prestarse asistencia judicial penal teniendo como base jurídica el convenio.
Si ni siquiera en este ámbito general encontramos sustento legal para articular la relación jurídica que pretendemos, entonces será preciso acudir al principio de reciprocidad, que no solo actúa como criterio informador de la extradición (art. 13.3 de la Constitución Española) sino como base jurídica de la extradición y de la asistencia judicial internacional (art. 1 párrafo segundo de la Ley de Extradición Pasiva, art. 827-3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y art. 276 a 278 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Para la efectividad de las búsquedas debieran tenerse en cuenta las siglas o abreviaturas con que cada convenio queda designado al principio; si se introducen esas siglas en el buscador del PDF se llegará inmediatamente a la tabla del convenio, y dentro de esa tabla será fácil llegar por orden alfabético al país buscado. Eso sí, teniendo en cuenta también los criterios que he expuesto más arriba respecto al nombre de cada país, a veces cambiante.
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Algunos convenios reiteran lo pactado en otros anteriores, como en los casos de los convenios contra la corrupción (CONCOR, COSCOR,  CLACAPE, CLACUE), o contra el terrorismo (CERT, CEPT, CRATB), o contra la trata de personas (PROPERCONDORT, CONTRATA); se solapan así convenios firmados en diversos ámbitos (Naciones Unidas y Consejo de Europa). También puede darse el caso de que España esté ligada con otro país tanto por un convenio bilateral como con un convenio multilateral sobre una misma materia, como es el caso del traslado de personas condenadas (CTPC y convenio bilateral con Bolivia)  o de la extradición (CEEx y convenio bilateral con Estonia firmado ya en vigor aquél ). Desgraciadamente, la  multiplicidad de convenios no es sinónimo de mayor cooperación internacional. A veces los estados al ratificar el convenio presentan reservas de tal calado que impiden su operatividad. Otras veces las autoridades judiciales tardan en diligenciar las peticiones que se les formulan, porque tienen un explicable interés en despachar antes los asuntos propios que los ajenos. Y otras veces las autoridades gubernativas retrasan “sine die” o impiden descaradamente las reclamaciones extradicionales, simplemente por inconfesables razones políticas o económicas.
Esos factores son imprevisibles y su consideración va mucho más allá de lo pretendido con este prontuario. Pero daré por bueno lo hecho hasta ahora, que será objeto de constante renovación y de corrección de errores, si es de utilidad para poder establecer cómo, cuándo y ante qué país podemos articular una relación de cooperación judicial internacional, independientemente de su resultado.